Nota aclaratoria:
Jamás pensamos que deberíamos publicar una imagen como esta, excepto que fuera para denunciar a la policía.
La situación del racismo institucional del gobierno de España ha llegado tan lejos (y suerte que se trata de un gobierno progresista…) que hasta sus propios servicios de represión se rebelan y los denuncian
Evidentemente, hay más principios democráticos en la Policía que en el PSOE y en sus sucursales como el PSC.
Vergüenza para sus funcionarios, pero más aun para sus votantes.
Diego Arcos

RACISMO DEL GOBIERNO ESPAÑOL: HASTA LOS POLICIAS EN CONTRA

Rebelión policial.

El SUP, Sindicato Unificado de la Policía, la organización sindical de mayor peso, con 30.000 afiliados, ha denunciado ante los tribunales las instrucciones de la Dirección Española de Migraciones, para la expulsión de extranjeros, por considerarlas ilegales y que lesionan los derechos fundamentales de los extranjeros.

El SUP ha ido mas lejos, recomendando públicamente a los agentes del orden a que se nieguen a obedecer esas ordenes, dado que estarían poniendo en el peligro de ser acusados por realizar detenciones y expulsiones ilegales.

"Se trata a los inmigrantes como delincuentes, se dispone su detención `preventiva` contraviniendo sentencias del tribunal Constitucional y en definitiva se retrocede en materia de respeto a los derechos civiles de los ciudadanos al periodo constituyente", denuncia el comunicado del SUP.

La Dirección General de Policía y Guardia Civil difundió en enero una circular "de uso restringido para unidades de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía" en la que ordena que los expedientes de expulsión de extranjeros se inicien a la "mayor brevedad posible" y que sean trasladados a dependencias policiales los inmigrantes que en un control de documentación no puedan acreditar que residen legalmente en España.

A juicio del SUP, esta circular "abunda en las prácticas policiales que vulneran derechos civiles de ciudadanos y ponen en riesgo la seguridad jurídica de los policías, que pueden incurrir en detenciones ilegales, y todo ello aderezado con una hipocresía política del Gobierno de la nación que mantiene un discurso político en sentido contrario a lo que ordena a los policías".

Acusan a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de "reinterpretar la Ley y avocar a los policías que cumplan esa Circular a cometer detenciones ilegales sancionadas con penas de cárcel y expulsión de la Policía". "Seguramente no han pensado en que esas prácticas pueden conducir a denuncias y condenas por detenciones ilegales, o lo que sería peor, no les importa, porque sabemos que en estos casos los condenados siempre son policías de la escala básica", censura el SUP.

"¿Qué importa uno o varios policías expulsados, y la vulneración de derechos de los inmigrantes si podemos presentar unas estadísticas colmadas de detenciones? ¿Nadie se extraña que se informe que en Madrid se identificaron el pasado año a 445.000 ciudadanos, uno de cada cuatro aproximadamente? ¿Queda algún espacio para la libertad en el equilibrio entre ésta y la seguridad?", zanja el comunicado.