“El gobierno español pone trabas para que no se investigue aquí”

Vino a la Argentina para dar impulso a la causa sobre los crímenes del franquismo que la jueza María Servini de Cubría abrió a pedido de las víctimas. Pidió colaboración a la procuradora. “Las autoridades españolas todavía creen que pueden pasar la página sin leerla”, dice.


Por Victoria Ginzberg
Esteban Beltrán decidió unirse a Amnistía Internacional debido a la indignación que le causó el intento del golpe de Estado de 1981 en su país, España. Tenía 18 años y llegó a las oficinas del organismo de derechos humanos el 24 de febrero, un día después del Tejerazo, cuando se estaban llevando las tarjetas de socios a la embajada francesa. Así empezó su activismo, que ya lleva más de 30 años. Actualmente es el director de Amnistía Internacional España. Vino a la Argentina para impulsar la querella que víctimas del franquismo iniciaron aquí ante la falta de respuesta de su país para juzgar sus propias violaciones a los derechos humanos.

–¿Por qué en España no se pueden juzgar los crímenes del franquismo?

–Porque todos los poderes del Estado han cerrado con llave la posibilidad. El Tribunal Supremo dice que han prescripto los delitos, que si no están prescriptos están cubiertos por la ley de amnistía, que el derecho a la verdad no es competencia de los tribunales, que todos los autores han muerto y que esos delitos no eran responsabilidad de España cuando ocurrieron porque en ese momento no había delitos internacionales.

–Esto es lo que lo impidió en la práctica, pero, en realidad, ¿por qué no se puede? ¿A qué obedece esa decisión?

–Es una cuestión de los tres poderes. Ni el Ejecutivo colabora, ni el Legislativo aprueba leyes que permitan el enjuiciamiento y el Poder Judicial cierra con llave. Las autoridades españolas todavía creen que pueden pasar la página sin leerla, como pasó en la transición, y que leer la página trae una serie de inconvenientes y obstáculos a nuestra historia, que ellos piensan que es difícil de asumir. Pero más allá de por qué ocurre, es necesario indicar que no hay opción según las obligaciones del Estado: tendrían que promover la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.

–Hablan de pasar la página sin leer, pero ¿la existencia misma de las querellas no es la muestra de que no es posible?

–Se presentaron más de 114 mil casos de desaparición forzada ante el juez Baltasar Garzón, más que toda América latina en el siglo XX. Estamos hablando de miles de niños robados, de fosas comunes, España es una gran fosa común sin exhumar.

–¿Cómo reacciona la sociedad civil?

–Hay un creciente interés. Las víctimas del franquismo y de la Guerra Civil han sido apoyadas por una parte del periodismo importante, por los sindicatos, por una parte de los partidos políticos, han sido apoyadas por organismos de derechos humanos. Pero ninguno de los gobiernos en estos últimos cuarenta años ha apostado, como era su obligación, por investigar los hechos. Lo que hace el Estado es obstaculizar cuando se quiere obtener justicia, como aquí en la Argentina. Yo me pregunto todos los días por qué no colabora ningún gobierno: ya no hay amenaza de golpe de Estado, muchos de los autores, sobre todo los de la primera parte de la dictadura, deben haber muerto. No encuentro ninguna razón sustancial que lo explique. Nosotros estamos ahora en el momento en el que estaban ustedes cuando la Corte Suprema convalidó los indultos.

–¿Confían en que se pueda hacer la investigación en la Argentina? Mencionó que también están poniendo trabas...

–Hay un principio del derecho internacional que dice que es obligación de cualquier juez en cualquier lugar del mundo investigar un crimen contra la humanidad. Como saben en Argentina, el juez Garzón lo hizo cuando aquí no se podía. Ahora el gobierno español, a través de la fiscalía general del Estado, no ha respondido con información concreta a los dos exhortos de la jueza María Servini de Cubría. Además reclama la competencia para investigar, lo cual es insólito porque no investigan. En mayo, cuando estaban a punto de declarar varias víctimas y familiares, el gobierno español puso trabas para que no se hiciera la comparecencia por videoconferencia, y no se produjo. Como decimos en España, están mareando la perdiz.

–Es lo mismo que hacía el gobierno de Carlos Menem con Garzón.

–Correcto. La cosa fundamental es no despistarse. No hay investigación, como no investigue Argentina o cualquier otro país del mundo, en España no van a investigar.

–¿Por qué se eligió la Argentina?

–Fueron las víctimas y sus familiares las que la eligieron. Una de las razones es que aquí hay un sistema de justicia universal bueno. Y hay un apoyo importante de organizaciones de derechos humanos argentinos en la querella.

–¿Cómo evalúa la destitución de Garzón? Aunque las causas finalmente hayan sido otras, se relaciona con este caso.

–Lo tremendo del caso es que el juez Garzón fue enjuiciado por cumplir con su deber. No habíamos visto en Amnistía Internacional el caso de un juez que tuviera que comparecer por haber cumplido con su obligación de investigar. Luego fue absuelto (por este caso), pero eso lo aprovecha el Tribunal Supremo para cerrar la investigación.

–¿Confían en que se pueda avanzar aquí?

–Sí. Pero depende de que la jueza siga con los procedimientos, que pueda volver a llamar a testimonio a víctimas y familiares y depende del Ministerio Público. Le pedimos a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó que el fiscal sea activo. La procuradora nos ha indicado que tiene una política muy activa en derechos humanos y en promover la jurisdicción internacional. Dependerá también del apoyo que podamos dar, tanto organismos de derechos humanos como la sociedad civil argentina.

–¿Hay acusados vivos?

–La dictadura fue del ’39 al ’75 y hasta el final, en septiembre del ’75, hubo ejecuciones. La tortura fue sistemática hasta el final. No se puede decir que todos los autores están muertos. Debe haber una investigación para ver si están o no muertos. Hay una orden de búsqueda y captura que plantearon los querellantes sobre nueve personas que están vivas. La jueza debe decidir si se dicta orden de búsqueda y captura. Estamos hablando de cientos de miles de desaparecidos, trabajos forzados, tortura sistemática, juicios sumarios con condenas a muerte que duraron un día. Son crímenes impunes.

–¿Cuáles son las posibles salidas de esta situación?

–Hay que aumentar la presión internacional sobre el gobierno español. El juicio en la Argentina sigue adelante, puede haber juicios en otras partes, así como en la Argentina ocurrió lo mismo, no sólo se abrió el juicio en España sino, por ejemplo, también en Francia, con el caso de Alfredo Astiz. Este año se va a revisar la situación de España en el Comité de Desaparición Forzada de la ONU y en el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU. Se necesita también una buena movilización en Argentina y en España. Estoy seguro de que en la Argentina, cuando se declararon constitucionales los indultos, hubo una sensación de desánimo y de que todo había acabado, pero no fue así. Hay algo importante que ustedes entenderán bien. No se trata sólo de obligaciones legales con el pasado, se trata del futuro. Si no hay una verdad oficial sobre lo que ocurrió, con los detalles del horror, si ahora queda todo en la impunidad, ¿cómo se va a enseñar el franquismo en treinta años? No es tanto sobre el pasado, es sobre el futuro.

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